#YaMeCanse el “hashtag de la indignación social” según la
BBC, es el trending topic en la red social Twitter que se ha mantenido por 2
semanas como tal y que resume la gran irritación que embarga hoy el sentir de
millones de mexicanos que hartos de las componendas y la corrupción de la clase
política dice, no más.
Y es que ante tantos hechos de corrupción, injusticia,
desigualdad e impunidad, la sociedad mexicana no está dispuesta a que las cosas
sigan igual. Los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en la ciudad de
Iguala, en los que desaparecieron 43 estudiantes normalistas ha sido el
detonante para decir que ésta ya no está dispuesta a aguantar casos como el
señalado.
En sí mismo, este es un hecho atroz e indignante que en un
estado de derecho no debe ocurrir y mucho menos, si como las investigaciones señalan, todo fue orquestado desde
instancias gubernamentales. Sólo comparable con los lamentables sucesos del 2
de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, cuando el gobierno reprimió
sendas movilizaciones estudiantiles, eventos que como ahora, nos llenan de un
enorme dolor.
Por si esto fuera poco, Carmen Aristegui mediante una
investigación periodística dio a conocer que la esposa del presidente del país
es dueña de una casa con un valor superior a los 7 millones de dólares. La
adjudicación de esta propiedad es poco clara, las explicaciones que la señora
Rivera ha dado no han convencido a nadie y, por donde se vea, está claro que
hay corrupción y conflicto de intereses atrás de todo este asunto.
Estos eventos aunados a una interminable lista de casos de
corrupción, prebendas, asesinatos e inseguridad, han provocado que el
descontento y la indignación hayan trascendido las redes sociales y la gente
salga a las calles a lo largo y ancho del país a manifestar su descontento.
Múltiples expresiones se han registrado, paro de clases en las universidades
del país, bloqueos en avenidas y carreteras y diversas marchas y
concentraciones multitudinarias. La más reciente de ellas, el pasado 20 de
noviembre. Más de 200 mil personas, en la capital y muchas más en diferentes
ciudades del país y fuera de éste se pronunciaron a favor de la paz y en la
búsqueda de un nuevo pacto social que responda a las demandas de la ciudadanía.
Pocas veces he presenciado una manifestación de esta naturaleza.
Gente de todas las clases sociales, de diferentes edades, amas de casa, padres
de familia de la mano de sus pequeños, miles de estudiantes, pero también sacerdotes
y monjas; todos caben. Pero el común denominador era el clima de indignación.
Se podía respirar un ambiente de tristeza mezclado con rabia, frustración e
irritación. La demanda principal, la presentación con vida de los 43 muchachos
que desaparecieron la tarde-noche del 26 de septiembre. Atrás de esa petición,
la consigna más repetida era la que pedía la renuncia del presidente Enrique
Peña Nieto.
Al respecto podríamos plantearnos si esta exigencia es
legítima. Si el presidente de la República tuvo participación o responsabilidad
directa en los hechos de Iguala. Aparentemente no fue responsable directo en
estos hechos ilícitos, sin embargo, sí son responsables de la reacción tardía que
tuvo el gobierno federal para atraer el caso y la total ineficiencia tanto del
Procurador General de la República y del Secretario de Gobernación que no han
podido dar una respuesta que convenza a los familiares de estos muchachos y
tampoco a la opinión pública.
Pero más allá de esto, la renuncia de Peña Nieto se hace necesaria
porque él representa a un régimen caduco y corrupto, ajeno a los intereses de
las mayorías, que gobierna sólo para una elite. Porque el gobierno que él
encabeza carece de la más mínima legitimidad, pero sobre todo de voluntad
política para dar respuesta a las demandas de justicia, paz y seguridad que reclama
el país. Porque este gobierno es incapaz de frenar las muertes de tantos
compatriotas a lo largo y ancho del territorio nacional. Porque la corrupción
de gobernadores, presidentes municipales, policía, jueces, ejército es
generalizada y su relación con la delincuencia organizada, especialmente el
narcotráfico es cada día mayor. Porque a dos años de haber tomado posesión en
el cargo, no se vislumbra ninguna mejora en el nivel de vida y sí se agudiza la
desigualdad y la pobreza de un número importante de la población.
Porque la sumisión de los poderes judicial y legislativo a
los deseos del ejecutivo son más que evidentes. Y porque el actuar de los dos
primeros está lejos de velar por los intereses del pueblo. Y a la luz de su
actuar, no se justifica los salarios que perciben. Viven en un México distinto y
ajeno al de las mayorías.
Por esto Peña debe dimitir a su cargo de Presidente de la
República. Pero ese sólo sería una de las condiciones necesarias para
encaminarnos a la recomposición política y social que requiere el país. Será
necesario sentar las bases de un nuevo pacto social que contribuya a atender
las demandas inmediatas de la ciudadanía. Un pacto que devuelva a los habitantes
de este país la seguridad, la justicia y la confianza en las instituciones.
Será preciso encausar los reclamos de la gente patentes en las redes sociales y en
la calle, en demandas y acciones concretas, inteligentes y responsables.
Hoy México está cansado y por lo mismo, ya no está dispuesto
a aguantar más.
"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener
la primavera"
- Pablo Neruda
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